No existe ninguna ley que obligue a los bancos a dar mejores condiciones a los empleados públicos: es política comercial de cada entidad, basada en el bajo riesgo de este perfil (estabilidad laboral prácticamente vitalicia y una morosidad muy inferior a la media).

En la práctica, esto se traduce en:

Financiación superior al 80% estándar, ofreciendo entre el 90% y el 100% del valor de tasación a funcionarios de carrera.

Tipos de interés más bajos que los ofrecidos a un asalariado del sector privado con perfil similar. La diferencia suele moverse en un rango de 0,10 a 0,30 puntos porcentuales, según la entidad y el momento de mercado.

Menos exigencia de vinculaciones para acceder al mejor tipo: algunos bancos aceptan reducir el número de productos que hay que contratar (seguros, tarjetas) precisamente por el perfil de bajo riesgo.

Requisitos que suelen pedirle para acreditar la condición de funcionario:

Funcionario de carrera, plaza fija e indefinida (el perfil más favorecido).
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Funcionario interino: aceptado por la mayoría de entidades, normalmente exigiendo al menos 2 años de antigüedad en la administración.
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Personal laboral fijo de la administración pública, no funcionario en sentido estricto pero con contrato indefinido: tratado de forma similar por muchos bancos.